Revista de Geografia (Recife) V. 34, No. 1, 2017
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REVISTA DE GEOGRAFIA
(RECIFE)
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JOURNAL
SYSTEMS
CAMBIOS Y MANTENIMIENTOS EN EL MODELO
AGRÍCOLA CUBANO
Antonielle Pinheiro da Cunha1
1
Doutorando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco.
Professora de Geografia na Educação de Jovens e Adultos da Secretária de Educação de Pernambuco; Email:
antoniellep@yahoo.com.br
Artigo recebido em 24/05/2016 e aceito em 15/03/2017
RESUMO
A obra analisada traz elementos fundamentais para compreender as principais características da agricultura
realizados após a Revolução. Igualmente, trata das mudanças recentes do modelo agrícola cubano e seu
panorama frente aos novos Lineamentos da Política Econômica e Social do Partido e da Revolução aprovados no
VI Congresso do Partido Comunista Cubano em abril de 2011. Apresenta um balanço histórico y atual, sobre a
produção agrícola, os preços, as formas de comercialização, a propriedade da terra e o problema da dependência
alimentar. O autor realiza um debate crítico frente às limitações da política agrícola cubana em promover o
desenvolvimento das forças produtiva no setor agrícola. Fazendo com que as mudanças, como a entrega de terras
ociosas, ainda não gerassem os resultados esperados. Realiza diálogos com experiências de mudanças na
agricultura no Vietnã e sobre a produção de agrocombustíveis no Brasil. É um importante exemplar para se
aproximar da realidade agrícola cubana e compreender as mudanças nas visões atuais sobre as relações entre
mercado y planificação na economia socialista.
Palavras-chave: Dependência alimentar, mercado, propriedade da terra e planificação.
CHANGES AND MAINTENANCE IN THE CUBAN AGRICULTURE
MODEL
ABSTRACT
The work analyzed brings important elements to understand the principals characteristics of the agriculture made
after the Revolution. At same time treat of the recent changes Cuban agriculture and your panorama front the
news Lines of the Economic and Social Politic of Party and of Revolution approved in the VI Congress of
Cuban Communist Party in April of e 2011. Presents a historical and actual balance about the agriculture
production, the prices, the modes of commercialization, the propriety of land and the problem of alimentary
dependency. The author realize a debate critic front the limitations of the Cuban agriculture politic to develop the
productive forces in the agriculture sector. Making that the changes, like delivered of useless land, still don´t
generate the expected results. Realize dialogues with the experiences of changes in the agriculture of Vietnam
and about de “agrocombutibles” production en Brazil. That is a important study to approximate of Cuban
agriculture reality and understand the changes and the actuality visions about relations between market y
planning in the socialist economy.
Keywords: Alimentary dependency, land propriety, market and planning.
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INTRODUCCIÓN
La agricultura cubana siguió por caminos distintos a lo largo del siglo XX y pasa en el
actual siglo por cambios importantes para retomar de la producción agrícola a niveles
superiores a los de antes de la crisis de los noventa. La obra “El modelo agrícola y los
lineamentos de la política económica y social en Cuba”, del doctor en economía Armando
Nova González puntualiza elementos fundamentales para comprender los principales
características de la agricultura asumidas después de la Revolución. Asimismo trata de los
cambios recientes del modelo agrícola cubano y su panorama frente a los nuevos Lineamentos
de la Política Económica y Social del Partido y La Revolución aprobados en el VI Congreso
del Partido Comunista Cubano en abril de 2011.
Organizada en ocho capítulos, la obra presenta un balance histórico y actual sobre la
producción agrícola, los precios, las formas de comercialización, la tenencia de tierras y el
problema de la dependencia alimentaria. Todo el debate es acompañado de un minucioso
trabajo con diversos datos estadísticos que ayudan a dimensionar los cambios analizados. Los
capítulos, en general, están organizados de acuerdo con los períodos históricos: antes de la
Revolución, el período revolucionario hasta los noventa, los años de crisis al final del siglo
XX y la década de los años 2000 hasta 2011.
El autor realiza un debate crítico frente a las limitaciones de la política agrícola cubana
para promover el desarrollo del las fuerzas productivas en el sector agrícola. Haciendo que
cambios, como la entrega de tierras ociosas, aún no generen los resultados esperados. Además
analiza experiencias de cambios de la agricultura en Vietnan y acerca de la producción de
agrocombustibles en Brasil.
El libro es un importante ejemplar para acercase a la realidad agrícola cubana y
comprender los cambios en las visiones actuales sobre las relaciones entre mercado y
planificación en la economía socialista.
CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO AGRÍCOLA CUBANO
El primer capítulo “Producción de alimentos en Cuba” trata históricamente de este
proceso y de la cuestión de la dependencia alimentaria. El problema alimentario cubano ya se
presentaba antes de la etapa pre-revolucionaria. Como ejemplo de la inequidad en que se
encontraba el campesinado cubano, según estudios realizados entre 1956 y 1957, el peso
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medio corporal del trabajador agrícola era de 16 libras por debajo del promedio nacional, solo
el 4% consumía carne habitualmente. La vulnerabilidad económica y alimentaria se mostraba
por la alta dependencia de importaciones, en un promedio anual de 1200 kcal y 30,4 gramos
de proteína, equivalentes al 47% y 53% del total disponible. Los Estados Unidos eran el
principal suministrador, con 74% de las importaciones totales. La cuestión de la seguridad
alimentaria e incrementos de la producción nacional fueron retos para la economía cubana a
partir de 1959.
Entretanto, hasta finales de la década de los ochenta aún había una insuficiente
producción nacional y un mantenimiento de la dependencia alimentaria, que es analizada a
partir de varios datos del consumo diario de calorías y proteínas por habitante.
El volumen de importaciones de alimentos alcanzaban alrededor del 15% del total de
las importaciones. “La producción nacional de alimentos llegó a finales de la década de los
ochenta a cubrir tan solo 28,1% y 39,7% del consumo total de calorías y proteínas,
respectivamente”. (GONZÁLEZ, p. 4). El destino económico de la tierra privilegiaba a los
cultivos para la exportación.
Los años noventa son marcados por la agudización del problema de la disponibilidad
alimentaria dada a la caída de la producción nacional y de condiciones para importación. Los
análisis de tablas de consumo diario por nutrientes y de producción agrícola y ganadera entre
1989 y 2000 apuntan que la caída en el consumo de calorías per capita fue de 2845 kcal en
1989, hasta el nivel más bajo de 1853 kcal en 1994. La producción per cápita también
disminuyó de forma significativa, a excepción del plátano. La merma de todos los reglones de
la producción ganadera resultó en un bajo consumo de proteína de origen animal. El deterioro
en la alimentación condujo a que se presentara graves problemas como la neuropatía
epidémica, a partir de 1992 y 1993.
El período 2001-2010 fue marcado por la inestabilidad en la producción vegetal, con
descenso a partir de 2004 y en la ganadería, principalmente vacuna. El aumento de las tierras
ociosas, se manifiesta como un uso no eficiente de la tierra, acrecentado los bajos
rendimientos agrícolas, serian señales de que las fuerzas productivas aún se encontraban
detenidas.
En 2010 el sector registró 2,8% de decrecimiento por reducción de producciones
fundamentales. La superación de los niveles de alimentación anteriores al período de 1989
ocurrió debido a las importaciones de alimentos, incluso en niveles insostenibles como 2544
miles de dólares en 2008.
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La reducción de las importaciones en 2009, reflejada en la pequeña baja en el
consumo de nutrientes en este año, fue debido a la falta de liquidez en divisa. Además, hubo
un incremento en los precios de los alimentos motivado por la ocurrencia de ciclones a finales
de 2008.
Las tablas y datos presentados son importantes para conocer el escenario de la
producción alimentaria antes y posteriormente al período de crisis. Estos apuntan al
incremento de la vulnerabilidad alimentaria, una vez que el aumento del componente
importado en la dieta se mantuvo durante el período, incluso a niveles más altos que en los
años 50.
El segundo capítulo “Comercialización y precios de los productos agrícolas” puede ser
considerado el más complejo de la obra por tratar de los diversos cambios ocurridos en el
sistema de comercialización y acopio en la fase revolucionaria. Siendo fundamental para
comprender las dificultades que se allan en el proceso de distribución de los alimentos.
El autor apunta la cuestión de la complejidad de la cadena agroproductivacomercializadora dentro de la economía cubana, estructurada por diversos subsistemas que se
interactúan. Dicha cadena debería ser tratada bajo un enfoque sistémico.
La organización de la comercialización antes de 1959 tenía un carácter privado y
mercantil. La producción de consumo directo o productos para la industrialización como caña,
leche, café, azúcar, arroz, tabaco, ganado eran
comercializados por intermediarios. No
obstante con las tentativas del Estado de establecer precios mínimos fijos, a través
administraciones de “Estabilización de precios” y de “Compra y venta”, el peso del sector
intermediario hizo que tales medidas no alcanzasen efectividad practica para muchos
producto. Se mantuvieron las condiciones de explotación sobre el productor rural y la
sociedad rural mayoritaria, resultando en falta de estimulo a las fuentes creadoras.
Paralela a la actuación del Ministerio de la Agricultura existían organizaciones
paraestatales
sectoriales
compuestas
por
miembros
del
gobierno,
productores
y
comercializadores, responsables por la estabilización de precios y definición de cuotas de
producción, exportación, insumos, etcétera. La principal de estas fue el Instituto Cubano de
Estabilización del Azúcar (ICEA), fundado en 1931.
Otras producciones como ganadería, papa, café, tabaco y arroz también eran reguladas
por instituciones paraestatales similares, las cuales, destaca el autor, tuvieran un papel
importante en la estabilización de precios. Y cita “desempeñaron un papel importante dentro
de las relaciones capitalistas imperantes y en la implementación de mecanismos
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compensatorios respecto a las insuficiencias del mercado”. (GONZÁLEZ, 2013, p.24). En La
Habana la comercialización partía de dos grandes mercados concentradores: el Mercado
Único y el Mercado del Vapor.
El período después de 1959 fue marcado por los constantes cambios en las formas de
comercialización. Entre 1960 y 1988, o sea, en 28 años, se identificó cerca de nueve períodos
generales de reestructuraciones en el sector de acopio y comercialización.
A partir de 1960 se inician procesos de nacionalización de la actividad de acopio y
comercialización de acuerdo con las resoluciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA), orientando un sistema empresarial especializado en acopio, beneficio y distribución
de la producción mayorista. Entre 1961 y 1962 este sistema se organizó por un Departamento
de Comercialización (disuelto en junio de 1962).
En 1962 se creó el Departamento de Acopios de Productos Agropecuarios, con nueve
empresas nacionales subordinadas. Toda la producción era comprada a precios y normas
fijas, control totalmente estatal de la comercialización y mayor control de la producción
privada.
En 1963 con la Segunda Ley de Reforma Agraria hubo disolución de toda forma de
comercialización privada. Entre 1963 y 1965 fueron disueltas las Empresas Nacionales de
Acopio y se integra el acopio y el beneficio a la dirección de un Viceministerio de Acopio y
las Empresas Provinciales de Acopio. Estas últimas enviaban el conjunto diverso de
producciones a centros, subcentros y puntos de abastos en las grandes ciudades. Esta fue una
forma más descentralizada y racional para el uso de recursos para la comercialización.
Entre 1965 y 1968
la organización de acopio y beneficio asume la atención y
aseguramiento de la producción privada, captando más a esta producción.
Entre 1968 y 1970 hubo diversos cambios en relación a la atención al sector privado;
los transportes; algunas cadenas de alimentos pasaran al Ministerio de la Industria Alimenticia
(MINAL) y fueron dispensados personal de visitación. Todos los cambios en este periodo
intentaban garantizar la llegada de productos a las empresas de beneficio o transformación.
Entretanto, “también significó la separación o ruptura evidente de algunas cadenas
agroproductivas-transportación-beneficio-industria, al quedar actividades continuas en
diferentes organizaciones ministeriales” (GONZÁLEZ, 2013, p.29) o marcados por nuevas
formas de centralización, como el paso de transporte de acopio a las Empresas Provinciales de
Transporte Agropecuario.
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En 1970 son retomadas algunas formas modificadas en el período anterior, con
creación del Grupo Nacional de Acopio (semejante a lo que era el Viceministerio de Acopio),
Grupos Provinciales de Acopio y en 1972 reorganización de las empresas Provinciales de
Acopio. Se retoma
el transporte en 1973.
Se reincorpora la Empresa Nacional de
Frigoríficos. Se recupera el personal especializado en acopio, entre otros. Tales medidas
permitieron la recuperación de la actividad, “pero sin la prioridad y centralización que esta
había logrado en los primeros años del período anterior.” (GONZÁLEZ, 2013, p.30)
En 1976 la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía
(SDPE) traspasó 14 Empresas Provinciales de Acopio, la Empresa Comercializadora de
Flores y la Empresa de Frigoríficos a subordinación de los órganos del poder popular y bajo la
dirección estatal del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). Trayendo consecuencias
como: distanciamiento de los productores de la comercialización; separación de la producción
y el acopio de una organización sistémica; limitaciones para evaluaciones por parte del
MINAGRI sobre la producción; falta de coherencia una vez que la empresa de acopio de La
Habana se quedó dentro del sector agropecuario, MINAGRI. El sector agropecuario
(MINAGRI) permaneció con la producción más especializada como: café, tabaco, frutas
selectas, cítricos, huevo y miel. La comercialización y acopio de viandas, hortalizas y granos
quedó bajo producción del MINCIN.
Entre 1981-1986 hubo se crearon de los Complejos Agroindustriales Cañeros (CAI)
(existentes hasta hoy), acercamiento a la forma pre-existente antes de 1959, con productores
integrados bajo la conducción de la industria procesadora. A partir de 1983 se disuelven las
empresas consolidadas para el surgimiento de las empresas de segundo grado o Uniones de
Empresas en la Agricultura no cañera. Algunas de estas incorporaron el acopio para mejorar
la gestión empresarial. Ocurrió integración de las empresas productoras con las plantas de
beneficio, como en la avicultura, porcicultura, el arroz y citricultura. Esto simplificó las
relaciones entre orígenes y destinos de las producciones, en tanto vinculó de forma más
directa productores y comercializadores, permaneciendo algunas producciones ligadas al
MINAL.
Durante los años de 1980 surgió un mercado libre campesino (en que no participaba
el sector estatal) como estimulo a la producción privada y alternativa al sistema de
distribución racionada. Pero surgieron problemas como elevación de los precios, control de
ofertas, abusos de los intermediarios. Debido a esto se limitó el acceso solamente a
campesinos asociados a Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) (campesinos privados) y
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Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA). Fue cerrado en 1987, cuando se crearon
los Mercados Estatales Paralelos, con oferta de los productos excedentes de los compromisos
estatales, con precios más elevados y regulados.
En 1988 la actividad de acopio se integra en la Unión Nacional de Acopio, constituida
por 14 empresas de Acopio, formando parte de MINAGRI. En esta segunda mitad de los
ochenta las empresas de acopio registraran una baja eficiencia y no contribuyeron para
estimular la producción.
De modo general sobre el período el autor destaca que “en esta fase, ha prevalecido el
monopolio estatal, con precios de acopio preestablecidos y poco estimulantes, dejando poco
o ningún espacio a la utilización del mercado como herramienta” (GONZÁLEZ, 2013, p.35).
El costo social de la ineficiencia se reflejó en la falta de oferta y como consecuencia en los
altos precios al consumidor en el mercado libre y en el informal, estimulado por.
La crisis en los años noventa motivó cambios en el sector con destaque para la
creación del Mercado Libre Agropecuario en octubre de 1994, al cual podrían acceder
productores estatales, cooperados o privados (una vez cumplidos los compromisos con los
contratos con el Estado). Hubo cambios en la tenencia de tierras y favorecimiento de la forma
cooperativa de producción. Las actividades de acopio en general fueron limitadas a escalas
locales y se crearon nuevos canales con mantenimiento de la regulación estatal.
La reapertura del Mercado Libre agropecuario deflacionó los precios del mercado
subterráneo. Surgieron nuevos espacios de comercialización como: ferias agropecuarias,
mercado de tiendas en divisas, ventas en huertos y organopónicos, puntos de ventas de las
CPA y CCS. Algunas producciones como papa, café, cacao, leche, huevo, carne vacuna y
miel de abeja no son permitidas en el mercado libre, manteniéndose bajo control estatal.
A pesar de la apertura de un mercado libre, este se mantuvo sometido a la oferta, dado
a los elevados compromisos de las UBPC y CPA de más de 70 a 80% de algunas
producciones, a precios establecidos por el mercado de acopio, bien más bajos que el mercado
libre. Entre 1994 y 1997 se observa un descenso del precio, estabilidad a partir de 1998 y
ascenso a partir del nuevo siglo. El autor destaca que la producción se encuentra limitada por
factores como los altos niveles de regulaciones, la dualidad monetaria y falta de oferta por
parte del sector cooperativo (CPA y UBPC) y estatal. Es resaltado el papel necesario del
intermediario, pero también su conflicto de intereses que incide en los precios para el
consumidor.
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Sobre el período entre 2001 y 2010 el autor realiza un análisis de los precios,
destacando la inestabilidad de la producción nacional, con descenso en 2004, que llevó a la
reducción de la oferta y al aumento de los precios en el mercado libre. Apunta la
contradicción en disminución de la oferta y del precio de los productos cárnicos a partir de
2004.
En el período de 2005 a 2009, se destacó el descenso de los precios en 2009, ante la
fijación de precios topados en mercado libre (debido el paso de huracanes en octubre de
2008). La implementación de requisitos y autorizaciones, junto con el cierre de puestos de
ventas en los barrios y no realización de ferias agropecuarias formaron barreras restrictivas al
flujo contínuo en el abastecimiento.
En 2010 se trasladó la actividad de acopio de la provincia y Ciudad de La Habana al
MINIC, lo que el autor considera un camino ya hecho y no apropiado.
Como últimas consideraciones del capítulo establece la comparación de los precios de
acopio con los precios minoristas en el Mercado Agropecuario Estatal (MAE) y Mercado
Libre, lo que favorece la Empresa Estatal de Acopio (desde un 20% hasta un 65% queda para
los comercializadores). El autor considera que los precios del mercado libre son más
atractivos para los productores. De tal modo el precio del acopio estatal debía equipararse al
del mercado libre y del mercado internacional. Las cuestiones citadas, además la falta de un
mercado de insumos y maquinaria, distanciaron al productor de un sentido de pertenencia y
trajeron implícito el no reconocimiento de la existencia real del mercado.
El principal problema está en la producción y no en la circulación, pero esta debería
avanzar con base en un enfoque sistémico, con la mejora de la industria de beneficio,
procesamiento y conservación (superar problemas como falta de capacidad, envases,
obsolescencia). Siendo estos retos fundamentales para la cuestión de produccióncomercialización agropecuaria.
En el tercero capítulo “Medidas implementadas e incrementos en la producción de
alimentos (2007-2010)” se resaltan los principales cambios realizados recientemente,
relacionados al incremento de precios de algunos productos agropecuarios, la distribución de
tierras ociosas en usufructo y el control de la actividad de acopio y comercialización.
El incremento de precios ocurrió en productos como la leche y la carne. Para la leche
se pagó una proporción en CUC por litro entregado, lo que recuperó la producción, pero
disminuyó algunas entregas a la industria láctea afectando la producción de mantequilla,
suero y otros derivados. Para la carne, el incremento de 0,18 Pesos Convertibles (CUC) por
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cada 100 libras, no ha sido suficiente para estimular más los productores. Las CCS producen
animales con mejor peso (entre 450-500 KG, por encima de la media nacional que en 2009
fue 328 KG). Los pagos en CUC estimulan la capacidad de compra en tiendas de insumos
agropecuarios recién creadas (en 70 municipios, de los 168 existentes), todavía estas tienen
poco surtido y precios elevados. La cuestión de gran diferencia del precio de Acopio Estatal
comparado con los de MAE y Mercado libre permanece.
La distribución de tierras ociosas existentes fue implementada por el Decreto-Ley de
25 de julio de 2008, implementado, a través del Reglamento Decreto-Ley 282 de agosto de
2008.
Ségun datos del Anuario Estadístico de Cuba (2008) a finales de 2007 la superficie no
cultivada en Cuba era de
“3631 mil hectáreas (de ellas 2398 mil ha de pastos naturales, con baja carga de
animal/ha y 1232 mil ha ociosas). La superficie agrícola no cultivada representa
54,8% del área agrícola del país, mientras que las tierras ociosas 18,6% del área
agrícola. El Ministerio de la Agricultura registra 1 758 962 ha de tierras ociosas.”
(GONZÁLEZ, 2013, p.57)
Dado el escenario de tierras ociosas y de falta de producción agrícola se consideró que
la medida fuera tomada ya tardíamente. A finales de 2009 fueron entregadas cerca de 52% de
tierra ociosa, de las cuales 35% se estimó estar sembrada, beneficiando más de 100.000
personas.
Entre algunos problemas no totalmente esclarecidos o tomados en cuenta por el
decreto ley están: a)El tiempo de diez años de usufructo (aún que renovables) sin distinción
del tipo de cultivo. b) En caso de cierre del contrato las bienhechurías pueden ser resarcidas
con excepción de la vivienda, lo que desestimula la permanencia en la tierra y no ayuda en la
recampesinación de los espacios rurales cubanos. c) No están esclarecidos las proporciones de
los contratos para el acopio estatal, en general los altos compromisos con esta forma de venta
no estimulan el aumento de la producción. d) La burocracia y demora del proceso que pude
llegar entre 98 a 128 días. Estas son cuestiones que interfieren en el sentido de pertenencia y
llevan al campesino a invertir menos en la finca.
Para allá de la entrega de tierras el autor destaca como medidas necesarias para
ampliar la producción: la consolidación de un mercado de insumos con precios asequibles,
libertad para contratar fuerza de trabajo, financiamiento y asistencia técnica adecuada, poder
de decisión sobre la producción y la venta.
Tales medidas contribuirían para la realización de la propiedad, que para el autor seria
“el derecho del productor de poder decidir, qué debe producir, a quién vender lo producido,
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a qué precio, el acudir a un mercado de insumo para comprar los medios necesarios y en el
momento oportuno, con el objetivo de lograr el cierre exitoso del ciclo productivo.”
(GONZÁLEZ, 2013, p.61)
Esto sería un punto aún a cambiar, disminuyendo el control de la actividad de acopio y
comercialización a favor de la posibilidad de realización de la propiedad, una vez que “la
forma de propiedad determina el carácter del nexo que une al productor con los medios de
producción, no solo en la fase de la producción material sino también en las relaciones de
distribución cambio y consumo” (GONZÁLEZ, 2013, p.62). Señala como ejemplo la
organización de cooperativa de segundo grado para comercialización de la producción, para
que la mayor parte de las ganancias puedan retornar al productor y ser reinvertida en la
producción.
A finales del capítulo trata de las nuevas formas de descentralización a través de las
delegaciones municipales de agricultura (que tratan de la entrega de tierras y velan por las
masas ganaderas), con la definición de tres escenarios: agricultura urbana, suburbana (10 km
de la ciudad) y polos productivos o convencionales, con experiencias iniciadas en 17
municipios. Siendo estos en la actualidad la forma de división principal de la actividad
agrícola.
A modo de conclusión del capítulo el autor refuerza la necesidad del trabajo bajo un
enfoque sistémico, el debate profundo sobre las formas de propiedad, el reconocimiento del
papel del mercado, los problemas de falta de liquidez en divisa y la necesidad de liberación de
las fuerzas productivas.
El cuarto capítulo es intitulado “Producción Agrícola. Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución”. En este se hace una comparación de
diversos puntos del Proyecto de Lineamentos de la Política Económica del Partido y la
Revolución con los Lineamentos aprobados para analizar las condiciones de realización de los
elementos considerados fundamentales para el desarrollo de las fuerzas productivas en el
nuevo escenario político y económico.
Con los cambios ocurridos, como la entrega de tierras ociosas, surgió un nuevo
escenario en el cual se pasa a un predominio de la pequeña y media propiedad, en
contraposición a la gran propiedad estatal. En 2007 la tenencia de tierra estatal era de 35,8% y
no estatal de 64,2%, ya en 2011-2012 la tenencia de tierra estatal pasa a 17,0% y no estatal a
83,0%.
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La ocurrencia de resultados insatisfactorios ante esta medida, como la caída de la
producción en 2010, lleva al autor a acotar tres aspectos que cree influenciar el detenimiento
de las fuerzas productivas y la baja producción alimentaria. Estos serían: la no realización de
la propiedad; el no reconocimiento del papel real del mercado; la ausencia de un enfoque
sistémico para el análisis de la cadena producción-comercializacón.
Como propuestas para resolución de estos aspectos González (2013) destaca cinco
elementos:
1. Consolidación de un mercado de insumos y bienes de producción con precios
asequibles.
2. Libertad para el productor decidir sobre o qué producir y cómo vender de acuerdo con
la dinámica del mercado.
3. Diversificar las formas de comercialización con: cooperativas de segundo grado;
comercialización individual; ampliación de puntos de venta minorista.
4. Libertad para contratar fuerza de trabajo laboral.
5. Financiamiento y asistencia técnica a las personas que acceden a tierras ociosas.
Sobre el primer punto, los lineamentos aprobados trazan caminos para la
consolidación de un mercado de insumos y bienes.
En relación con la libertad de escoger del productor acerca de qué producir, cómo y a
quién vender, el autor considera que hubo limitaciones y cambios introducidos en los
lineamentos aprobados en comparación con el proyecto, lo cual limita la autonomía del
productor en cuestiones fundamentales como: definición de precios, limites a participación de
intermediarios, mantenimiento de una gran centralización de decisiones relativas a la
agricultura y falta de especificidad de puntos importantes como la autonomía de gestión de las
cooperativas.
En relación a la comercialización, con excepción del punto que limita la participación
de intermediarios, se considera que están abiertas posibilidades para una mayor
diversificación de sus formas.
Sobre la contratación de fuerza laboral tanto los lineamentos aprobados como las
resoluciones 32 y 33/2010 de octubre de 2010 del Ministerio del Trabajo que aprobaran la
actividad de trabajador agropecuario por cuenta propia, permitiendo a las CPA, CCS y el
privado a contratar la fuerza de trabajo que necesite.
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Acerca del último punto se consideró que en los lineamentos aprobados las referencias
a asistencia técnica, principalmente para las personas beneficiadas pelo Decreto-ley 259, son
insuficientes.
Como consideraciones finales del capítulo el autor destaca el punto que en los
lineamentos se “primará la planificación y no el mercado” y concluye que “el problema no
consiste en más planificación y menos mercado y viceversa, sino en la complementariedad
que debe existir entre ambos elementos, es decir en las dos partes que forman un todo, y el
hecho de tener bien definido en última instancia qué parte es la que determina.”
(GONZÁLEZ, 2013, p.91).
El mercado tiene su existencia real donde hay relaciones monetario-mercantiles, sus
mecanismos ayudan a determinar precios, distribución y mejorar la eficiencia productiva en
muchos reglones económicos. El papel del Estado debía ser regular el mercado de forma
indirecta, con impuestos e incrementos de ofertas necesarias y lograr la equidad y estabilidad
sociales.
Considerando los elementos necesarios para la realización de la propiedad, el proyecto
se presentó como un documento más avanzado que los lineamentos aprobados. Todavía es
fundamental mejorar la comprensión del papel de complementariedad entre mercado y la
planificación. También el enfoque sistémico que no debe ser limitado al sector agropecuario,
sino al conjunto de la economía a fin de abarcar la complejidad exigida al tratarse del sistema
económico.
En el quinto capítulo llamado “La propiedad en la economía cubana. Modelo agrícola
y formas de propiedad” González introduce el tema destacando que en Cuba el alto grado de
estatización realizado después de la Revolución ciertamente fue uno de los más grandes en
todos los países que conformaran el sistema socialista en el mundo. Esto trajo problemas
como un elevado nivel de centralización, demasiada burocratización, limitación de las
acciones individuales y autonomía de los productores. Recurre al pensamiento de Marx,
Engels y Martí para justificar sus proposiciones.
Recuerda que Engels ya alertaba que la propiedad estatal de las fuerzas productivas no
eran solución definitiva para el conflicto de clases, pero una posible forma transitoria, junto a
otras formas de propiedad colectiva y procesos de cooperación. Apuntaba la cuestión del
alquiler como importante para delimitar la propiedad jurídica del Estado y la propiedad
económica del productor.
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José Martí a su vez, afirmaba que en la búsqueda de la equidad y justicia social,
debería haber un equilibrio entre la propiedad estatal y la libertad individual del productor,
advocando sobre la importancia de la existencia de muchos pequeños propietarios en las
comunidades y sobre los riesgos del Estado paternalista.
Para González (2013) la cuestión de las formas de propiedad en la economía cubana
es un punto central a ser más debatido en el ciclo de producción-distribución-cambio en el
sector agropecuario. De este modo, hace un recorrido por las formas de propiedad en Cuba a
lo largo de la historia, con propósito de apuntar posibles soluciones para el caso en la
actualidad.
La primera periodización es de la agricultura cubana a lo largo de cuatro siglos, entre
1510 a 1898. A partir de 1590 se inicia el desarrollo de la industria azucarera, pero sin base en
el latifundio. Las grandes haciendas ganaderas formadas al principio del período también se
fueron deshaciendo en propiedades menores con el crecimiento de la población. A finales del
siglo XIX las propiedades tenían una media de 57 hectáreas, con predominio de hasta 13
hectáreas que ocupaban cerca del 50% de las áreas agrícolas del país. Cuba era un país de
pequeños y medianos productores, dedicados a los cultivos de exportación como azúcar, café
y ganado, pero también con una amplia diversificación agrícola para garantizar el
autoabastecimiento de la población.
El período de la República fue marcado por las intervenciones norteamericanas que
crearon condiciones para la entrada de capital extranjero, principalmente de los Estados
Unidos. Para el sector agrícola esto representó la posibilidad de créditos para los grandes
hacendados, que pasaron también a ocupar tierras en la parte central y oriental del país, las
que adquirían a bajos precios. Este proceso fue destruyendo las pequeñas y medianas
propiedades, en 1934, 40% de los cubanos ya habían perdido sus tierras. En 1959, 9,4% de los
propietarios tenían cerca de 73,3% de las áreas. La agricultura cubana se tornó latifundista,
especializada en los monocultivos para agroexportación. Con la concentración de tierras se
perdió diversidad, aumentaron las desigualdades y se creó un escenario de dependencia de
importaciones de alimentos y vulnerabilidad alimentaria.
Al triunfo de la Revolución en 1959, con la Primera y Segunda Leyes de Reforma
Agraria, fueron entregadas tierras a quienes las trabajaban, abarcando a cerca de 100 mil
campesinos y pasaron cerca de 70% de las tierras a manos del Estado. Estas últimas fueron
administradas de forma planificada, creándose las granjas del pueblo en los latifundios
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ganaderos y cooperativas en las áreas cañeras. Pero, en 1962, las cañeras fueron
transformadas también en granjas del pueblo, bajo un mayor control estatal.
El modelo privilegió las grandes propiedades estatales sobredimensionadas, lo que en
la práctica contribuyó a la disminución del campesinado. Aunque hubo una mayor
diversificación, la orientación del monocultivo para la exportación se mantuvo,
complementada por una gran incorporación de las prácticas de la “Revolución Verde” con
apoyo externo del campo socialista de la URSS. El alto gasto con insumos por área sin
obtención de los resultados esperados condujo a una gran proporción de empresas no
rentables. En general las formas cooperativas como las de Crédito y Servicios (CCS)
(campesinos privados) y las de Producción Agropecuarias (CPA), aún con sus mejores
resultados, no fueron las formas más incentivadas.
Consideramos el abordaje del autor sobre esto período poco extenso para esclarecer su
complejidad, siendo comprensible su opción por privilegiar su atención hacia los cambios
más recientes del período pos-crisis de los noventa. Una mejor mirada sobre estos procesos de
formas de propiedad puede ser apreciada en obras como las de Paz (2009) y Sorzano et. al
(2013).
Sobre el período entre 1993 a 2009 el autor apunta que el deterioro de la eficiencia en
la economía agrícola cubana a mediados de la década de los ochenta ya se percibía. Sumado a
esto los efectos de la caída del campo socialista conllevó a la crisis económica de la década de
los noventa, principalmente para el sector agropecuario.
Entre las medidas implementadas para enfrentar la situación gran parte de las
empresas agrícolas estatales fueron subdivididas en Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC), se entregaron tierras en usufructo, se reabrió el mercado agropecuario
de venta minoristas. De este modo, junto a las CCS y CPA el enfoque en el trabajo
cooperativo pasó a ser predominante en el sistema agrícola cubano. Entretanto, las
restricciones y limitaciones impuestas a las UBPC hacen que estas sean miradas como formas
“transfiguradas de empresa estatal”.
Actualmente, las entidades productivas del sector agropecuario cubano son las
UBPC, CPA, CCS, privado y estatal. Estas se corresponden con las diferentes formas de
propiedad. Es interesante que el sector más productivo sean las CCS y campesinos privados
que trabajando en el 24,4% de las tierras, producen 57% de los alimentos del país.
Para el autor estos resultados son asociados a su conservación del derecho de
propiedad. Lo que debe ser observado para la organización de las tierras que están siendo
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entregadas en usufructo. Esto, manteniendo el cobro del arrendamiento al Estado como forma
de garantizar la propiedad jurídica de la nación y la propiedad económica al productor, con su
autonomía sobre escoger las formas de explotación de la tierra. Asimismo, garantizar la
asistencia técnica necesaria para valorizar la sabiduría campesina sumada a los avances
técnico-científicos del campo agropecuario, a fin de lograr la recuperación necesaria de la
producción alimentaria en el país.
En los capítulos siguientes el autor establece algunos paralelos de las experiencias ya
descritas del sector agropecuario cubano, con los cambios vividos en la agricultura en
Vietnam y la cuestión de la producción sucroalcoholera en Brasil.
En el sexto capítulo “La agricultura en Vietnam. Experiencias” el autor traza un breve
paralelo entre los cuadros físicos y sociales de Cuba y Vietnam y destaca los cambios
ocurridos en el último a partir de 1986 que llevaron al establecimiento de una economía
socialista de mercado.
El autor se refiere al crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) y al volumen de
exportaciones realizados por el Vietnam y apunta algunos cambios en la política agrícola: el
anexo de las actividades forestales y de la pesca al sector agrícola; mayor integración y
tecnificación; apertura a inversiones extranjeras; cambios en el papel del Ministerio de la
Agricultura al asumir funciones macro-directivas y no más de organización de la producción.
Sobre la política de tierras fueran entregadas tierras en usufructo, con plazo delimitado
de acuerdo con el tipo de cultivo, sin pago al Gobierno. Además, contratos sobre las
producciones, bienhechurías, construcción de viviendas y cuestiones hereditarias. Políticas de
inversiones del Gobierno en obras de riego, drenaje y estimulación a variedades de cultivo y
razas de animales certificados. Política de crédito y liberalización del mercado de la
producción agrícola e insumos.
Contrapuesto a los ejemplos del Vietnam el autor explica la complejidad y burocracia
del proceso de entrega de tierras ociosas en usufructo en Cuba. Subraya el reconocimiento del
papel del mercado en la economía vietnamita, con el mantenimiento de los medios de
producción considerados fundamentales. Y la necesidad de comprensión del papel del
mercado con la planificación para la realización plena de la propiedad en la economía cubana.
El capítulo sétimo trata de “La agroindustria sucroalcoholera en Brasil. Una
alternativa”. Hace un recorrido por la historia de esta producción en el país desde la creación
del Instituto del Azúcar y del Alcohol (IAA) en 1933, hasta la implementación del Programa
Nacional del Alcohol (Pro-alcohol) en los años 1970. A pesar de los incentivos la producción
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del alcohol no era tan competitiva como el petróleo, a finales del régimen militar se retiró los
subsidios y en 1990 se eliminó el IAA.
Al comienzo del siglo XXI esta producción entra en una nueva fase frente a la
demanda de agrocombustibles, la producción de automóviles flex-fuel. Mejoras en la
tecnología de producción, así como el alto nivel de productividad de la caña para la
producción de combustible comparado a otros vegetales, hace que la producción de
agrocombustibles en Brasil pase a ser más competitiva. Subraya las inversiones en estudios
para aprovechar toda la biomasa, sea para producir alcohol de segunda generación (bagazo y
paja) o hacer la gasificación de la biomasa. Resalta el papel del Gobierno brasileño con
incentivos para formación de Arreglo Productivo Local del Alcohol (APLA), trayendo datos
principales de la producción en el país.
Acerca de la realidad cubana es destacado el escenario del bajo uso de
agrocombustibles y los cambios recientes entre 2001 a 2004 con el cierre de varios centrales
azucareros y redimensionamiento del sector. El autor señala de la importancia de la
transformación de la actual agroindustria azucarera en una agroindustria bioenergética de la
caña de azúcar, con incremento en la producción de alcohol, como forma de minimizar la alta
dependencia de combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases del efecto invernadero,
disminuir importaciones y ampliar las exportaciones. Para esto el ejemplo brasileño es una
referencia interesante.
A pesar de la referencia para la cuestión energética en el siglo XXI, consideramos que
el enfoque sobre los agrocombustibles es poco critico, por no tratar del problema de su
competición con el uso de la tierra para la producción alimentaria en Brasil y las posibles
implicaciones de esto en Cuba.
En el último capítulo “Producción nacional de alimentos. Medidas implementadas y
Lineamentos de la Política Económica del Partido y de la Revolución” el autor retomada los
debates sobre los problemas identificados en la cadena de producción-distribución-cambio del
sector agropecuario y enfoca el análisis en la producción y comercialización agrícola en el
año 2011. Entre los principales problemas observados están las contradicciones del aumento
de la producción agrícola en relación al año anterior, pese a la reducción de las ofertas-ventas,
que generaron un incremento en los precios. Subraya la necesidad de trabajar frente a
problemas previsibles como las sequías, con el objetivo de crear reservas de alimentos como
granos; integrar en la producción cañera el aprovechamiento de productos colaterales para la
alimentación del ganado.
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Cuestiona la dilatación en la implementación de los Lineamientos aprobados en el VI
Congreso del PCC para resolver problemas fundamentales como: la demora y burocracia en la
entrega de tierras en usufructo; la insuficiencia del mercado de insumos y medios de trabajos
a precios elevados; la necesidad de modificaciones en el Decreto-ley 259 para cambiar puntos
de incertidumbres que no favorecían la permanencia en el campo; falta de medidas de
descentralización del mercado y monopolio del sistema de acopio estatal; los bajos precios
pagados al productor, inclusive por productos que sustituyen importaciones y aún son
pagados a precios elevados por productos importados; dilación en la entrega de créditos y
asistencia técnica.
El autor concluye reafirmando que la realización de la propiedad, el reconocimiento de
la existencia del mercado y su complementariedad con la planificación y el enfoque sistémico
para la concepción y implementación de medidas, siguen siendo son retos para la mejoría de
los resultados del sector agropecuario cubano.
CONSIDERACIONES FINALES
Al final de su trabajo es presentado un epílogo con tres partes. La primera trata de
“Teoria y práctica de los Lineamentos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución” donde hace un recorrido general sobre el proceso social de construcción del
proyecto de lineamentos, que involucraron desde 2007 más de 200.000 reuniones con amplia
participación popular, resultando en más de 1.300.000 planteamientos, que posteriormente
fueron rediscutidos, resumidos y relacionados en los 313 lineamentos aprobados en el VI
Congreso del PCC en abril de 2011. El autor apunta que además de la amplia participación, la
metodología utilizada de una tormenta de ideas fue necesaria, pero insuficiente, destacando
que el aporte a partir de un enfoque sistémico de las Ciencias Sociales tendría importancia
para incorporar soluciones mejor interrelacionadas, con estrategias más claras para alcanzar
las metas deseadas. Considerado esto, el autor destaca su ejemplo para un abordaje sistémico
de la política agrícola.
Las otras dos partes del epílogo hacen referencia a los últimos cambios en la entrega
de tierras en usufructo, con la implementación del Decreto-ley 300 que garantizó la cuestión
de la vivienda y eliminó el cobro de impuesto por el uso de la tierra. Al final trata del nuevo
reglamento publicado en 2012 para las UBPC que para él no resolvió el problema
fundamental de ampliación de la autonomía de estas unidades productivas.
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La lectura de la obra de González puede sorprender por sus puntos de vista sobre la
necesidad y formas para ampliar las fuerzas productivas en el sector agropecuario cubano. Su
debate de la complementariedad entre mercado y planificación, aún no sea unánime en la
visión política, viene siendo recurrente entre estudiosos del sector en Cuba. Lo que pasa es
que las difíciles condiciones para Cuba en mantener la opción socialista después de la caída
de este campo en la Europa Oriental y frente al recrudecimiento del bloqueo económico
implementado por los Estados Unidos son condiciones únicas en el mundo y generaron
mucha complejidad para el desarrollo económico del país y para comprensión de estos
procesos desde afuera.
De este modo, observamos que las opiniones expresadas por el autor surgen en un
contexto de cambios en los últimos años, como la apertura del país para las inversiones
extranjeras y el turismo, la ampliación de intercambios académicos, incluso con países como
Brasil. Lo que abre nuevas perspectivas para pensar posibles caminos de reestructuración del
sector agropecuario que minimice la histórica vulnerabilidad alimentaria existente en el país.
Así, analizar su obra contribuye para comprender como se desarrolla el debate académico
cubano sobre los cambios vividos en el proceso revolucionario y los ajustes necesarios para
seguir en la actualidad la opción de la equidad y justicia sociales.
REFERENCIAS
GONZÁLEZ, A. N. El modelo agrícola y los lineamentos de la política económica y social
en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales: La Habana. 2013. 198 p.
SORZANO, A. H.; SOUSA, R. G.; FUNDORA, E. M. Cuba: modificaciones en la tenencia
de la tierra y el desarrollo de la agricultura urbana: avances en seguridad alimentaria.
La Habana: FAO/Facultad de Geografía/Universidad de La Habana, 2013.
PAZ, J. V. Los procesos de organización agraria en Cuba 1959 - 2006. Fundación Antonio
Nuñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. La Habana. 2009.
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